Tutela y curatela de una persona mayor dependiente, ¿cuándo se debe dar el paso de la incapacitación?


Incapacitación judicial de mayores - Tutela y curatela de una persona mayor dependiente, ¿cuándo se debe dar el paso de la incapacitación?

Tutela y curatela de una persona mayor dependiente, ¿cuándo se debe dar el paso de la incapacitación?

El envejecimiento viene acompañado en ocasiones de un cierto declive cognitivo, en este post hablamos de coo la Tutela y Curatela pueden proteger a la persona mayo en esas circunstancias.

Observamos a nuestro familiar, padre o abuelo, cómo presenta un deterioro de su memoria, no logrando recordar qué ha hecho durante el día, qué medicación debe tomar… (desorientación temporal y espacial), vemos que merma su capacidad de juicio, sus facultades para reconocer a las personas de su entorno, a su familia, sus vecinos… así como un desgaste de otras capacidades cognitivas que le impiden la correcta toma de decisiones para manejar su persona y asuntos económicos.

tutela y curatela

Protección de los derechos de las personas mayores. Tutelas e incapacidad

Protección de los derechos de las personas mayores. Tutela y curatela

 

Esta situación que a priori nos preocupa ya que vemos como pierde su autonomía personal no pudiendo gobernarse por sí mismo, se torna más seria si pensamos que esta disminución de sus facultades cognoscitivas puede llevar consigo una desprotección de la persona mayor. Puede llegar a comprar bienes innecesarios, malgastar el dinero y sacar grandes sumas de sus cuentas bancarias, lo que se denomina prodigalidad, o incluso, ser engañados por terceras personas.

Llegados a este punto y a efectos de salvaguardar sus propios intereses, resulta necesario que alguien del entorno de la persona mayor asuma estas responsabilidades por su propia persona.

Para que esta persona, en la mayoría de los casos alguien de la familia, pueda asumir dicha responsabilidad con plenos efectos legales, debe procederse previamente a la declaración de incapacidad legal y consiguiente nombramiento de un tutor legal.

Una vez el juez nombre al tutor, éste asumirá en tal condición las facultades necesarias para administrar y velar por los intereses de la persona mayor.

Lo que debemos pensar es que con este procedimiento se pretende mejorar la situación de la persona, por lo que sólo hay que iniciarlo cuando suponga un beneficio efectivo para la persona mayor.

¿Quién y cómo se inicia la incapacidad de una persona mayor?

El artículo 200 del Código Civil indica que son causas de incapacitación las deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

Pero nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial. Esto quiere decir que esta declaración de incapacidad legal y nombramiento de tutores debe realizarse en el marco de un procedimiento judicial. Para ello debemos acudir a los Juzgados de Primera Instancia que corresponda al domicilio donde resida el presunto incapaz.

Dicho procedimiento judicial puede iniciarse bien a instancias del Ministerio Fiscal, o bien mediante la oportuna demanda de declaración de incapacidad, formulada por los familiares del presunto incapaz, que deberá ir firmada por abogado y procurador.

En el caso de que no pueda designar un abogado o Procurador, y el procedimiento se hubiera iniciado a instancias del Ministerio Fiscal, se le designará un abogado y procurador de oficio.

Importante destacar que la incapacidad no es lo mismo que el certificado de discapacidad. Este último es un trámite administrativo, que concede unos beneficios sociales, fiscales y administrativos, pero no modifica la capacidad de la persona.

Como hemos indicado anteriormente sólo se puede modificar la capacidad de obrar de una persona por sentencia judicial.

Nombramiento del tutor y obligaciones

 

Para el nombramiento de tutor/a o curador/a se preferirá:

  • Al cónyuge que conviva con el tutelado.
  • A los hijos o hermano que designe el juez
  • A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

En los casos de personas mayores que no tengan familiares ni otros apoyos sociales idóneos, se podrá nombrar a una persona jurídica (normalmente una fundación tutelar o de apoyo). En caso de ser una asociación,  ésta debe ser sin ánimo de lucro y  figurar entre sus fines la protección de las personas incapacitadas.

En dicho procedimiento, se tendrá en cuenta un dictamen pericial médico. Asimismo, se dará audiencia a los familiares a los efectos de que manifiesten si consideran que el presunto incapaz tiene sus facultades mermadas y se pronuncien sobre la persona más idónea para asumir las funciones de tutor o curador.

El juez o jueza, finalizado el procedimiento judicial, dictará sentencia. Si considera que la persona no puede valerse por sí misma, en la sentencia determinará la extensión y límites de la capacidad modificada. En decir, el juez declarará la incapacidad total si la persona mayor no puede cuidar de sí misma ni administrar sus bienes (tutela) pero, si considera que la persona mayor pueda realizar algunos actos por sí solo y tomar decisiones sobre su persona, podría declarar una incapacidad parcial (curatela o guarda).

En definitiva, la sentencia debe adecuarse a la protección y apoyos que la persona necesita.

El tutor de la persona mayor tendrá la obligación de informar anualmente al juzgado sobre la situación personal del tutelado y de rendir cuenta anual de la administración de su patrimonio, así como procurarle un lugar adecuado para vivir y velar por su bienestar general, siempre teniendo en cuenta los recursos con los que disponga el tutelado.

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