Si los centros y las residencias de Lares CV, sector no lucrativo, desaparecieran y sus plazas concertadas pasaran al sector privado, la Generalitat tendría que hacer frente a un sobrecose adicional ya que el precio que le paga a otros sectores es superior. En concreto, deberá abonar más de 4 millones de euros adicionales si las plazas fueran a parar a centros de Accesibilidad Social y casi 7 millones de euros si fueran a Centros de Gestión Integral. Así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Valencia para Lares CV.
El estudio ha sido presentado hoy por el presidente de la Asociación, José Pascual Bueno, durante las concentraciones simultáneas que han tenido lugar en todas las residencias del sector solidario como medida de protesta ante el impago de la Generalitat cuya deuda asciende a más de 11 millones de euros. Un paro que ha contado con el apoyo de más de 2.500 personas, entre trabajadores, residentes, familiares y amigos.
El proyecto ha consistido en un análisis comparativo del coste plaza/día por residentes en los diversos sectores. “Nuestros centros, el sector no lucrativo, son los que menor cantidad reciben por parte de la Generalitat, cuya subvención es de 50€ por residente y día, por debajo del coste real de esta plazas que es de casi 57€”, ha indicado José Pascual.
Frente a esta cifra, a las residencias de Accesibilidad Social la Generalitat les abona hasta 58,30€ y a los Centros de Gestión Integral una media de 64,04€. “Si el Gobierno valenciano abandona al sector no lucrativo y nuestras plazas pasan a las residencias privadas, deberá pagar mucho más cada año por las mismas plazas, lo cual en un sinsentido”, ha explicado el presidente de Lares CV, quien ha recordado que además supondría “un problema para los casi 2.500 mayores residentes en nuestros centros como para los 1.600 trabajadores”.
José Pascual Bueno también ha recordado que siguen esperando una respuesta del Gobierno valenciano para el que de momento, “sigue tratando a nuestros mayores y nuestros centros como invisibles”. Como muestra, insistido en que el ejecutivo “nos ha denegado que podamos acogernos al sistema del confirming, quedando así en una situación total de exclusión y desamparo”.